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Sanciones por falta de depósito de cuentas en el registro mercantil
Sanciones por falta de depósito de cuentas en el registro mercantil Bernáldez & Asociados es una empresa de servicios profesionales con despacho en Barcelona y Madrid, especializada en la prestación de servicios legales, fiscales y en la implementación de la gestión empresarial en despachos profesionales y pymes. Establece la Ley que “dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado”. El incumplimiento de esa obligación tendrá como primera consecuencia, el cierre registral que establece el art. 282 de ley de Sociedades de Capital (LSC) y que “dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.” Pero no podremos inscribir, un cambio de domicilio o un aumento de capital, por ejemplo. Pero las consecuencias del incumplimiento de depositar las cuentas no acaban con ese cierre registral. La Ley establece un régimen sancionador según el cual “El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo, también dará lugar a la imposición a la sociedad de una multa por importe de 1.200 a 60.000 euros por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, previa instrucción de expediente conforme al procedimiento establecido reglamentariamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros. La sanción a imponer se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos ambos datos al último ejercicio declarado a la Administración tributaria. Estos datos deberán ser facilitados al instructor por la sociedad; su incumplimiento se considerará a los efectos de la determinación de la sanción. En el supuesto de no disponer de dichos datos, la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con su cifra de capital social, que a tal efecto se solicitará del Registro Mercantil correspondiente. En el supuesto de que los documentos a que se refiere este capítulo hubiesen sido depositados con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento. Las infracciones a que se refiere este artículo prescribirán a los tres años. Si bien el cierre registral se ha aplicado de manera sistemática a las empresas que no han depositado sus cuentas, apenas se han aplicado sanciones por dicho incumplimiento. Pero todo esto parece que va a cambiar con la entrada en vigor del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. Se pretende dar un impulso al régimen de imposición de sanciones a aquellas sociedades que incumplan la obligación de depósito de cuentas, con la introducción de una serie de medidas que completan el régimen sancionador regulado en el artículo 283 LSC. Las novedades introducidas son las siguientes: 1) Podrá encomendarse la gestión y la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores mercantiles del domicilio de la sociedad. 2) El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del ICAC del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo según lo establecido en la LPAC. 3) Se establecen los criterios para determinar el importe de la sanción, serán los siguientes: La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento. En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil. En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento. Por lo tanto, ojito con aquellas sociedades que tenemos todavía inscritas y que no han depositado sus cuentas. Ese incumplimiento puede empezar a salirnos caro. Y teniendo en cuenta el plazo de prescripción del que hemos hablado, valdrá la pena presentar las cuentas de los tres últimos años.
15. Mar 2021
La fiscalidad del subarriendo
La fiscalidad del subarriendo Bernáldez & Asociados es una empresa de servicios profesionales con despacho en Barcelona y Madrid, especializada en la prestación de servicios legales, fiscales y en la implementación de la gestión empresarial en despachos profesionales y pymes. Muchas son las causas por las que la figura del subarrendamiento está adquiriendo una relevancia en la actualidad. Teniendo en cuenta esta situación, conviene tener claro cuál es la fiscalidad aplicada a la misma. Dando por hecho que la operación cumple con los requisitos exigidos por la legislación civil, veamos, como hemos dicho, cuál es su tributación. Los ingresos que perciba el arrendador serán rendimientos del capital inmobiliario, a no ser que deban ser considerados rendimientos de la actividad económica. El arrendador podrá deducirse el 60% del rendimiento neto si el inmueble se destina a vivienda permanente del arrendador y subarrendador. Una cuestión importante es que el alquile3r de una vivienda que se destine al subarriendo estará sujeto a IVA, ya que el destino de la vivienda no es exclusivamente el alquiler, como exige la Ley para que esté exento. Aunque se deba repercutir IVA, como hemos visto, el arrendador no estará obligado a retener en concepto de IRPF. Así lo entiende la Administración en la consulta vinculante V1112-20. Por su parte, los rendimientos que obtiene el subarrendador van a ser considerados rendimientos del capital mobiliario que integrarán la base general y no la del ahorro. Al tratarse de rendimientos del capital mobiliario, el subarrendador no tendrá derecho a la reducción del 60%. En relación al IVA, el subarrendador no deberá repercutir IVA, ya que el subarrendatario va a utilizar el inmueble exclusivamente como vivienda, salvo que prestara servicios propios de la industria hotelera, como limpieza, servicios de ropa, etc.
22. Feb 2021
Nuevas medidas de apoyo a trabajadores autónomos
Nuevas medidas de apoyo a trabajadores autónomos El día 3 de febrero se publicó en el BOE el nuevo Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. Dicha norma recoge, entre otras disposiciones, las siguientes medidas: Prestación extraordinaria por cese de actividad por resolución de la autoridad competente Requisitos de acceso: Estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) antes del 1 de enero de 2021 y al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Cuantía: El 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Aumenta al 70% si el autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y la actividad suspendida es su única fuente de ingresos. Se reduce al 40% cuando convivan personas unidas por vínculo familiar hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria. Plazos: El derecho a la prestación nacerá al día siguiente de la adopción por la autoridad competente del cierre de la actividad y se prolongará hasta el último día del mes en el que finalice la medida o, como máximo, hasta el 31 de mayo de 2021. El reconocimiento de la prestación deberá solicitarse dentro de los primeros 21 días naturales siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. Incompatibilidades: Con el trabajo por cuenta ajena, salvo que las retribuciones allí originadas sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI; con el desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre; con percepciones de una prestación de Seguridad Social salvo aquellas que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba. Durante el periodo en el que se perciba la prestación, el autónomo no estará obligado a cotizar. Prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos que no puedan optar a la prestación ordinaria (art 7 del RDL 2/2021) ni a la extraordinaria (art. 327 y ss. LGSS) Requisitos de acceso: Estar dado de alta en el RETA antes del 1 de abril de 2020 y hallarse al corriente en el pago de las cotizaciones; no tener rendimientos netos procedentes de la actividad por cuenta propia en el primer semestre de 2021 superiores a 6.650 euros; y acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020. Cuantía: El 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Se reduce al 40% cuando convivan personas unidas por vínculo familiar hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria. Plazos: La prestación comenzará a devengarse con efectos de 1 de febrero de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 21 naturales de febrero. En caso contrario, los efectos quedarán fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no excederá del 31 de mayo de 2021. Incompatibilidades: Las mismas que las citadas para la prestación anterior. Como en el caso anterior, durante el periodo en el que se perciba la prestación, el autónomo está exonerado de la obligación de cotizar. Prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. Requisitos de acceso: Estar de alta en el RETA y al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social; tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad al que se refiere el art. 338 LGSS; no haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación y, si la ha cumplido, no tener acreditado el período de cotización requerido para ello; acreditar una reducción de los ingresos, computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia, en el primer semestre de 2021, de más del 50%, respecto del segundo semestre del 2019; no haber alcanzado durante el primer semestre de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros; si tienen trabajadores a su cargo, deberá acreditarse el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. Plazos: Las solicitudes presentadas hasta el próximo 21 de febrero tendrán efectos desde el pasado 1 de febrero de 2021. En cambio, las solicitudes presentadas a partir del 22 de febrero tendrán efectos el día siguiente a la presentación de la solicitud. Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de mayo de 2021. A partir de tal fecha solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del art. 330 de la LGSS. Reconocimiento: Se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Asimismo, para poder admitir a trámite las solicitudes se autorizará a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación. El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente. Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada Requisitos de acceso: Haber estado de alta y cotizado en el RETA como trabajador por cuenta propia durante un mínimo de 4 meses y un máximo de 6 de cada uno de los años 2018 y 2019, siempre que ese marco temporal abarque un mínimo de 2 meses en la primera mitad del año; no haber estado en alta como trabajador por cuenta ajena en el régimen de la Seguridad Social más de 60 días durante el primer semestre de 2021; no haber obtenido durante la primera mitad de 2021 unos ingresos netos computables fiscalmente que superen los 6.650 euros; y hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Cuantía: El equivalente al 70 % de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada. Plazos: Podrá comenzar a devengarse la prestación con efectos del pasado 1 de febrero y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 21 días naturales de febrero. En caso contrario los efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de mayo de 2021. Incompatibilidades: Con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta propia. Asimismo, será incompatible con el trabajo por cuenta propia y con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre, cuando los ingresos que se perciban en la primera mitad del año 2021 superen los 6.650 euros. Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente. Si estuvieras interesado en solicitar cualquiera de las prestaciones contacta con nosotros vía whatsapp en el 620 487 444 o en info@bernaldez.com
5. Feb 2021
Los gastos del teletrabajo del autónomo
Los gastos del teletrabajo del autónomo Hacienda ha dicho que no. Como casi siempre, cuando se le pregunta por algún derecho que crees te puede corresponder. En este caso, La Dirección General de Tributos (DGT) se ha pronunciado en su Consulta Vinculante Nº V3461-20 sobre la deducibilidad de los gastos derivados del traslado de la actividad profesional de una autónoma a su vivienda habitual, debido a la situación generada por la COVID-19. La consultante viene realizando una actividad económica como autónoma en un despacho, fuera de su vivienda habitual. Fruto de la situación derivada del COVID-19 y siguiendo las recomendaciones sanitarias, ha optado por no acudir todos los días a su despacho y trabajar desde su vivienda. Así, consecuencia de lo anterior, hace un uso profesional de algunos suministros (luz, teléfono, internet, agua, etc.) con el correspondiente aumento del gasto habitual de los mismos. Teniendo en cuenta esta circunstancia, tiene la osadía de preguntarle a hacienda si esos gastos extras, derivados de una situación involuntaria pudieran ser deducibles y hacienda le contesta que esos gastos ya vienen regulados en la ley del IRPF, en concreto en el art. 30.2. 5ª b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que dice: “Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa: (…) b) En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior”. De acuerdo con dicha norma, la DGT sostiene que para que determinados suministros de la vivienda habitual del contribuyente (y consultante) puedan tener la consideración de gastos deducibles de una actividad económica desarrollada por él, será obligatorio que la vivienda habitual se encuentre parcialmente afecta a la actividad profesional. y no es el caso, pues esta profesional tiene despacho fuera de su domicilio y éste es utilizado de forma extraordinaria para motivos profesionales “motivada por una circunstancia ocasional y excepcional” como es la COVID-19. Por lo tanto, el autónomo no se podrá deducir los gastos por suministros citados en la consulta tributaria. Todo son ayudas. Así da gusto.
2. Feb 2021
Nuevas ayudas de la Generalitat para afectados de COVID
Nuevas ayudas de la Generalitat para afectados de COVID El Gobierno de la Generalitat ha presentado un nuevo plan de ayudas directas para apoyar a los colectivos y sectores económicos más afectados por las medidas de contención de la COVID-19. Los destinatarios de estas ayudas serán mayoritariamente: Trabajadores autónomos que han visto reducidos sus ingresos. Micro y pequeñas empresas que han sufrido una caída sustancial de su facturación y que se comprometen a mantener los puestos de trabajo. Personas trabajadoras que estén en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). El Plan contiene cuatro líneas: Reedición de las ayudas para personas trabajadoras autónomas La ayuda será nuevamente de 2.000 euros para cada trabajador autónomo. Para tener derecho a la misma se solicitan los mismos requisitos que en las dos convocatorias anteriores: base imponible del IRPF del año 2019 igual o inferior a 35.000 euros / año, con un rendimiento neto en 2020 igual o inferior a 17.500 euros. Podrán acceder aquellas personas que ya lo recibieron y aquellas que quizás entonces no cumplían con los requisitos, pero ahora sí. Se solicita a partir del registro a una nueva base de datos de trabajadores autónomos. Solo será necesario cumplir con los requisitos para poder registrarse en la base de datos y se accederá a la ayuda directamente. Una ayuda nueva y directa a las personas trabajadoras en situación de ERTE Ayudas directas para trabajadores de cualquier sector que se encuentren en situación de ERTE. El importe por beneficiario será de un mínimo de 600 euros. Una ayuda nueva para la formación de personas trabajadoras también en situación de ERTE Dirigida a personas trabajadoras que se encuentran en situación de ERTE, priorizando los sectores más afectados. Ayudas para pequeñas y micro empresas en ERTE dirigidas a mantener los puestos de trabajo Para empresas de menos de 50 trabajadores con una facturación de hasta 10 millones de euros anuales que tengan trabajadores en situación de ERTE a fecha 31 de diciembre de 2020. La ayuda consistirá en 2.000 euros por trabajador a jornada completa en situación de ERTE con un máximo de 30.000 euros por empresa. Para acogerse a las ayudas, la empresa deberá comprometerse a mantener la contratación de los trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2021, y en caso de incumplimiento perderá la totalidad de la subvención. Para recibir la ayuda los solicitantes sólo tendrán que hacer un certificado de autorresponsabilidad y el control administrativo del cumplimiento de los requisitos se hará a posteriori, una vez hecho el pago. Estas ayudas se pueden acumular a otras subvenciones o ayudas públicas y/o privadas ya solicitados o que se puedan poner en marcha en un futuro. Quedamos a tu disposición para aclararte cualquier duda. Contáctanos vía email en el info@bernaldez.com o vía whastapp en el 620487444
28. Ene 2021
Suben los impuestos en 2021
Suben los impuestos en 2021 Bernáldez, empresa de servicios profesionales integrales en Barcelona Los impuestos suben en el 2021. La entrada en vigor de la Ley de Presupuestos trae de la mano una subida en distintos impuestos. Así: En el IRPF se ha aprobado un aumento de dos puntos porcentuales en el tipo aplicado a la base general. El nuevo gravamen de referencia asciende al 47%. En las ventas del ahorro se ha introducido un nuevo tramo del 26% que gravará los ingresos superiores a los 200.000€ anuales. En relación a los planes de pensiones se produce una reducción importante en la cantidad con derecho a reducción que pasa de 8000 a 2000 €. En el Impuesto sobre el Patrimonio se produce otro aumento para aquellos contribuyentes con activos superiores a 10 millones de euros, pasando de un tipo del 2,5 % al 3,5%. La bonificación por la repatriación de los dividendos y plusvalías obtenidas por filiales en el extranjero pasa del 100 al 95%. En relación a las SICAV se establecen requisitos adicionales para que los contribuyentes pueden beneficiarse de su régimen especial, por ejemplo, se exigirá a los accionistas una participación mínima de 2500 € y se otorga a la AEAT la competencia para comprobar que se cumple este requisito. Para los SOCIMIS se establecerá un gravamen del 15% para beneficios no distribuidos. Suben también las primas sobre las pólizas del seguro Y, por último, sube el IVA del 10% al 21% en las bebidas azucaradas y edulcoradas. En resumen, nos toca beber con sabor amargo en cuanto a la fiscalidad se refiere.
4. Ene 2021
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